GINEBRA, Suiza (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto evade su responsabilidad de reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada (CED) de la ONU para recibir y examinar comunicaciones individuales, una de las recomendaciones que el Comité ha reiterado en varias ocasiones al gobierno de México.

“El estado mexicano ha valorado la responsabilidad de reconocer la competencia del Comité. Sin perjuicio de que las consultas al respecto continúan en marcha, por lo pronto se ha optado por dar prioridad al fortalecimiento del marco jurídico e institucional a nivel nacional’’, dijo el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos Miguel Ruiz Cabañas al abrir la sesió

“Nos abocamos a trabajar en una Ley General de Desaparición Forzada acorde con los más altos estándares internacionales y en su instrumentación para generar las herramientas necesarias para la atención del desafío’’, sostuvo.

“Dado que el 1° de diciembre próximo entrará en funciones un nuevo gobierno, deberá corresponder a éste valorar nuevamente el reconocimiento de la competencia del Comité”, lanzó Ruiz Cabañas con lo que literalmente se lavó las manos sobre un problema que, a consideración de familiares de las víctimas, su gobierno no tuvo la “voluntad política de atender’’.

Más de 40 funcionarios participaron en el diálogo con el CED sobre cuestionamientos complementarios que tenían los expertos del Comité en lo que respecta al cumplimiento de la Convención contra la Desaparición Forzada luego de que el país fue examinado en 2015.

La relatora para México, la experta colombiana María Clara Galvis, dijo que el CED entiende que México da prioridad a fortalecer el marco jurídico “pero queremos más claridad’’, subrayó Galvis observando que no son cuestiones excluyentes.

Galvis preguntó si el Estado una vez establecido el marco jurídico “piensa continuar la consideración de nuestra recomendación para aceptar la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales e interestatales”.

De igual forma cuestionó al Estado mexicano si los funcionarios estatales comprenden “el carácter vinculante bajo derecho internacional de derechos humanos que se deriva de haber ratificado la Convención’’.

Para explicar la renuencia del gobierno para aceptar la competencia del Comité para comunicaciones individuales el experto mexicano Santiago Corcuera, expresidente del CED, recordó a Apro que la Convención fue ratificada por el presidente Felipe Calderón,” pero no quiso permitir esta función del Comité quizá por presión de las fuerzas de seguridad del país”.

“Cuando toma posesión EPN se hace el programa nacional de derechos humanos como parte del Plan Nacional de Desarrollo y en la línea 3.3.3 del programa aprobado por el presidente Peña Nieto se dice que el gobierno promoverá el reconocimiento de la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones individuales establecido en el artículo 31 de la Convención’’, detalló el jurista.

“Durante todo el sexenio estuvimos exigiéndole al presidente Peña, que dice que lo que firma cumple, que cumpliera. Y todavía tuvimos esperanzas que en el momento de la glosa del informe último de relaciones exteriores cuando el canciller Luis Videgaray compareció en el senado se hiciera tal anuncio y no se hizo”, reprochó.

“Peña se va sin haber cumplido la palabra que dio’’, lanzó Corcuera.

En opinión de Corcuera esta negativa se debe a que “equivocadamente las fuerzas de seguridad del país, incluyendo el ejército, marina y la policía, creen que si reconoce la competencia, el Estado mexicano le van a llegar muchas quejas al Comité”.

Según su análisis el gobierno ya reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos como con el caso de Lydia Cacho, por lo que a su modo de ver es falsa la percepción de que habría más quejas de las que ya hay , “lo único que cambiaría es que la víctima en lugar de ir al Comité de Derechos Humanos iría a un Comité especializado en la materia de desaparición forzada lo cual a todas luces es más conveniente tanto para la víctima como para el Estado”.

“Está esa falsa impresión de que si se reconoce esa competencia les van a llover quejas, insistió Corcuera quien fuera miembro del Comité y ha sido reconocido por su vasto conocimiento eminencia en la materia.

“Existe una falsa y miope percepción de la realidad por parte del Estado mexicano y mientras las fuerzas de seguridad no cambien de opinión yo dudo mucho que el siguiente gobierno pudiera hacerlo porque va a recibir una fuerte oposición por parte de las fuerzas armadas al respecto”, consideró.

Para empezar, lo mejor que podría pasar es que no hubiera desapariciones, precisó Corcuera, “pero en caso de haberlas lo mejor que le puede pasar al Estado mexicano es que los casos los revise un órgano especializado y no otro con competencia más genérica”

“Y las diferentes instancias del Estado mexicano, incluyendo las fuerzas de seguridad, tendrían que reconocer los beneficios que esto implica tanto para ellas, como para el Estado, como para las víctimas, en lugar de presentar esta resistencia injustificada”, valoró.

Durante una pausa en el encuentro realizado en el Palacio Wilson sede del ACNUDH, sobre este aspecto, Juan Carlos Gutiérrez director de Idheas, organización que trabaja en la documentación, denuncia y litigio de casos en derechos humanos, dijo a Apro que seguir negando la competencia del CED “es cerrar la puerta a las familias y colectivos para acceder a la justicia internacional’’.

“Igualmente negar la obligatoriedad de acciones urgentes para búsqueda humanitaria es negar la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos’’, ajustó.

Y con respecto a la falta de compromiso de este gobierno Grace Fernández, representante del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) cuyo hermano desapareció a manos de militares, comentó a Apro que la razón podría ser por miedo o por soberbia.

“Si es por miedo pudiera entender que están tratando de protegerse a sí mismos, pero eso implica que van a seguir poniendo trabas para que incluso con el nuevo gobierno no se logre saber la verdad y si es soberbia, pues con eso no avanza nadie porque si llevas 12 años sin capacidad de atender esta problemática, y las estadísticas lo dicen, no sólo no disminuyó el número de desaparecidos, siguió incrementando, entonces quiere decir que eres parte del problema”, observó .

Para Fernández “el Estado debe reconocer que no tuvo la inteligencia ni la capacidad ni la humildad de decir no puedo y pedir ayuda”.

Cifras sobre desparecidos una “caja negra” para la ONU

Otro punto preocupante, expresado por los expertos del Comité, es el relacionado a las cifras y datos sobre desaparecidos.

El vicepresidente del Comité Rainer Huhle expresó serias dudas sobre cómo se llegó a la cifra de los 37 mil 435 desparecidos en México.

“Quisiéramos saber cómo se ha elaborado esa cifra, porque cambia mucho y para nosotros estas cifras son como una caja negra en la que no podemos mirar cómo se configuran esas cifras”, cuestionó el experto alemán.

Y siguió: “¿Me puede decir de esas cifras cuántos son migrantes y si en esas cifras hay alguna clasificación primaria de cuántos son desaparecidos forzados y cuántos corresponden a este sexenio y cuántos a los anteriores?”.

Para contestar tomó la palabra Roberto Cabrera, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien reconoció que el registro de personas desaparecidas “es uno de los aspectos más difíciles al que nos hemos enfrentado”.

“Es muy deficiente la información que se tiene de las desapariciones en México y no nos permite ver el amplio espectro del fenómeno de las desapariciones’’, admitió el Comisionado.

Dijo que antes con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) “sólo había registros de mala calidad y la forma en que se recababa la información era mala’’ y agregó que en ocasiones había duplicidad pues se denunciaba el mismo caso en diferentes entidades o había confusión con el nombre de la víctima.

“Antes las búsquedas eran por medio del nombre solamente”, admitió Cabrera quien señaló que de esos 37 mil, ahora 26 mil cuentan con datos como nacimiento, nombres de padres, de familiares y de ese número cuentan con datos biométricos y foto de 16 mil.

Con respecto a los migrantes indicó que se tienen 384 personas extranjeras reportadas “esa sería la información que tenemos de migrantes”.

Cabrera reconoció que “es imposible’’ saber con certeza las cifras sobre desapariciones por lo que mencionar cuántos son en estos momentos sería “irresponsable decirlo”.

Específicamente, en respuesta sobre las denuncias de desaparición forzada Abel Gallardo, fiscal de la PGR, confirmó que de los mil expedientes en su poder, 114 corresponden a denuncias por desaparición forzada de los que resultan afectadas 187 personas.

En respuesta a otro de los expertos sobre los estados que cuentan con fiscalías especializadas y comisiones locales de búsqueda tal como lo marca la Ley General, Cabrera mencionó que “sólo en nueve estados del país se han establecido las comisiones locales, un avance aún bajo’’.

En la sesión que duró unas seis horas con receso para la comida y contestando a otro miembro del Comité sobre los recursos con los que contaba la Comisión Nacional de Búsqueda, Cabrera precisó que en 2018 se contó con un presupuesto de 478 millones de pesos, y que para 2019 se tenía previsto aumentarlo a 609 millones.

Y en cuanto a la “crisis forense” tal como la calificó un miembro del CED y los 35 mil cadáveres sin identificar, el Comisionado también indicó que las medidas para identificarlos son deficientes. Con respecto a ello “lo que sí se puede verificar son las huellas dactilares que han ingresado al Semefo (Servicio Médico Forense), es decir que existen 36 mil registros de personas fallecidas no identificadas por huellas dactilares’’.

A lo que Ruíz Cabañas ajustó que esta cuestión de los fallecidos no identificados “es muy lamentable, pero ocurre en muchos países (…) como Estados Unidos”.

Los Miembros del CED instaron al gobierno de México a crear con carácter de urgencia una Fiscalía autónoma e independiente para combatir de manera eficaz la impunidad y la corrupción que ronda a las desapariciones forzadas.

Con respecto a la cuestión de género el gobierno dijo que 4 de cada 10 de los desaparecidos son mujeres y atribuyeron la causa a la violencia familiar que impulsa a las adolescentes a dejar sus hogares, cosa que levantó las cejas de defensoras que se encontraban en la sala pues consideraron que el gobierno subestima la magnitud del problema de la trata.

El CED, una vez más, pide autorización para visitar México

Uno a uno fueron formulando preguntas e inquietudes los 10 expertos miembros del Comité provenientes de diferentes regiones del mundo y liderados por su presidenta, la albanesa Suela Janina quien reprochó a la delegación mexicana sus negativas o silencio para aceptar una visita del Comité.

“En este Comité tenemos una larga historia de comunicaciones y al final recibimos un NO por respuesta cuando solicitamos visita al país. Quiero saber si vamos a tener respuesta oficial positiva, para el CED es importante evaluar la situación en el terreno”, dijo.

Ruiz Cabañas volvió a zafarse y evitó ofrecer un compromiso argumentando de nuevo que como “gobierno responsable” dejaban esta decisión al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador.

La sociedad civil presente en el encuentro llamó a AMLO a aceptar la visita del CED a México en su discurso de toma de posesión el próximo 1 de diciembre lo que enviaría una clara señal de su compromiso con las víctimas y sus familiares.

Una de ellas, Guadalupe Lupita Aguilar del Colectivo Familias Unidas por los Desaparecidos en Jalisco, madre de un joven desaparecido en 2011, visiblemente cansada, con la mirada triste y que en momentos no podía evitar que se vidrearan sus ojos, confesó a Proceso que a pesar de todo lo dicho en la sesión al final las que buscan a sus hijos son las madres y “te ayudan muy poco”.

“Somos caminantes, viajeras, forenses, investigadoras, asesoras, detectives, administradoras, psicólogas, enfermeras, cocineras, paleadoras (…) y estamos solas”, reclama.

Al preguntarle si tiene esperanzas en el futuro gobierno y que la situación sobre las desapariciones mejore, Lupita baja la cabeza, hace un silencio, levanta la mirada y responde: “¿Esperanzas? Ninguna”.